Justicia curricular, justicia educativa y justicia social

Para pensar el Marco político pedagógico de la escuela secundaria los invito a leer este fragmento del Módulo Marco Político Pedagógico de la Escuela Secundaria

Nuestra escuela secundaria nació con el propósito de formar a la futura clase dirigente del país, de preparar a un selecto grupo para los estudios superiores. Con esta meta por delante, creció durante siglo y medio, dando respuesta a tal mandato, razón por la cual no será nada sencillo recrear una nueva secundaria que incluya y forme a todos los adolescentes que viven en la Argentina, sin apelar a facilismos, sino desafiando la propia capacidad de enseñar.

La inclusión implica complejos desafíos: la transformación de la cultura institucional, de las representaciones sociales que los docentes tenemos sobre los jóvenes, de la presencia de condiciones escolares que garanticen el ingreso, permanencia y finalización de estudios de los jóvenes, de la revisión de las prácticas de enseñanza, de la adecuación Transformar la cultura escolar impregnada de las propias representaciones implica repensar las lógicas y dinámicas institucionales: las normas, el régimen académico, el uso de tiempos y espacios para la enseñanza y el aprendizaje, el lugar asignado a los jóvenes en la escuela (¿“beneficiarios” o “protagonistas”?), el lugar de adultos y educadores, el de la comunidad, las relaciones de poder hacia el interior de la escuela, los tiempos y espacios de trabajo, las relaciones entre asignaturas, áreas, entre otros aspectos.

Transformar la cultura y el modelo escolar implica también reconocer las cuestiones que limitan u obstaculizan la inclusión real de chicas y chicos, redefiniendo el sentido común que hegemoniza los vínculos y las representaciones de los diferentes actores institucionales (alumnos, docentes, directivos, preceptores, etc.). Hablamos de preguntarnos sobre concepciones y acciones que hemos naturalizado y que, por

tanto, nos son difíciles de cuestionar.

Lo primero que aparece, entonces, es la necesidad de “desnaturalizar”, interrogar y repensar aquellas prácticas institucionales y pedagógicas que sostienen y refuerzan las bases de una escuela para “los que están en condiciones”, para “los que pueden o quieren aprender”, para algunos. Se trata de interpelar algunas de las estructuras que han cimentado nuestra formación como docentes y volver a crear otras.

Estructuras en las que todos los chicos puedan tener un lugar en la escuela en la que nosotros estemos dispuestos y podamos enseñarles con el fin de que aprendan, no solo nuestra asignatura, sino también a ser ciudadanos activos, personas trabajadoras, sujetos políticos, futuros profesionales.

Falsas dicotomías hemos encontrado cuando discutimos el problema de la inclusión educativa: repitencia /facilismo, exigencia académica/flexibilidad en la propuesta didáctica, masividad/calidad.

Desde sus inicios, la educación Secundaria definió sus estándares de calidad de acuerdo con el nivel de los conocimientos adquiridos a lo largo de la escolaridad. También supo tener valor el “sacrificio” que implicaba graduarse. Sin embargo, cuando el objetivo es que todos los jóvenes estén en la escuela aprendiendo, la misma noción de “educación de calidad” debe ser revisada. Desde esta nueva noción de calidad, la repitencia, la sobre-edad, el abandono escolar pasan a ser problemas intrínsecos a la escuela. El fracaso escolar deja de ser el “fracaso” de los jóvenes (y/o sus familias) para pasar a ser el fracaso de la misma escuela en su función de formar, educar a las nuevas generaciones. Es el mismo sistema educativo, la escuela, los docentes quienes tenemos el desafío de abordar estos problemas, interpelando las propias concepciones y prácticas institucionales y docentes; recreándolas para promover condiciones de enseñanza que tengan como eje los efectivos aprendizajes de los jóvenes.

La meta que nos proponemos radica en desarrollar prácticas educativas inclusivas para lograr contextos de justicia educativa, en términos del logro de una sociedad más justa.

Al referirnos al concepto de justicia social, nos encontramos ante dos corrientes de pensamiento antagónicas en torno a la idea. Por un lado, la llamada “igualdad de posiciones” y, por otra, la “igualdad de oportunidades”. La primera “se centra en los lugares que organizan la estructura social, es decir, en el conjunto de posiciones ocupadas por los individuos”. Intenta que la distancia entre las posiciones en la estructura social sea lo más corta posible. La segunda concepción de justicia, basada en la igualdad de oportunidades, “consiste en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en función de un principio meritocrático”. (Dubet, 2010)

Nosotros asumiremos el posicionamiento de la justicia social que busca la igualdad de posiciones, dado que atenúa la distancia entre los diferentes sectores sociales, nos lleva a un contrato social más abierto, al reconocimiento de que las oportunidades individuales se benefician de las inversiones colectivas y, tal como aduce Dubet (2010), “no permite olvidar lo que debemos a los otros; recuerda que la producción de los vencedores no exige el sacrificio de los vencidos”.

Desde este mismo lugar, nos referimos al concepto de “justicia educativa”, como la posibilidad de garantizar el derecho a la educación de todos posicionando a los sectores populares como el eje de las políticas educativas y como el centro de la educación pública (Veleda, Rivas, Mezzadra, 2011). Esta concepción implica, una vez más, interpelar las propias concepciones político-pedagógicas, nuestros objetivos institucionales y formas de organización y las estrategias pedagógicas que desarrollamos.

La profundización de estas ideas nos lleva a pensar que la posición de los sectores populares debiera ser el punto de partida para la elaboración del currículum. Connel se refiere a la “justicia curricular” de esta manera: “Esta posición proporciona experiencias e información de las que normalmente no disponen los grupos dominantes, quienes por consiguiente las soslayan o marginan cuando construyen el conocimiento” (Connel, 2006). Centrar la propuesta curricular y el desarrollo de las prácticas de enseñanza en los jóvenes que llegan a la escuela en situación de desventaja cambia las reglas del juego: las estrategias compensatorias o complementarias se convierten en proactivas y universalizadoras. La enseñanza reencuentra su sentido, a partir de la producción de aprendizajes de los estudiantes

Para seguir pensando:

“Un minuto por mis derechos”

                               

Bibliografía:

• Dubet, Francois (2010), Repensar la justicia social contra el mito de laigualdad de oportunidades, Buenos Aires, Siglo XXI.

• Connel, Robert (2006), Escuelas y justicia social, Madrid, Morata.

• Wanger, Elizabeth y Lavari, Mariana (2012), “Clase 1: Educación secundaria obligatoria y derecho a la educación”, Marco político-pedagógico, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC, Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.